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Gestión Pública y Privada - Calidad en los Servicios Públicos



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Pero junto a ello, hay que seguir avanzando y conseguir una Admon competitiva, lo que supone lograr una
Admon que introduzca entre sus criterios de actuación de forma permanente y constante, aquellos
elementos de la gestión privada que van a posibilidad un mejor análisis y consecución de resultados más
acordes con los objetivos o fines que la misma viene dada a conseguir. En definitiva QUE ACTUE CON
EFICACIA.
De este modo, para unos ciudadanos que piden a la Admon comprensibilidad, la Admon responde con un
diseño de receptividad; pero para unos ciudadanos que piden eficacia no es suficiente la comprensibilidad,
sino que es necesario avanzar en las ofertas de la Admon hasta conseguir de esta que su actuación venga
presidida por criterios de competitividad, que solo pueden alcanzarse a través de una gestión de calidad.
2.
El entorno competitivo de la Administración Pública.
La pregunta inmediata, consecuencia de lo anterior, sería ¿Cómo se determina la competitividad en la
Administración?. Para su contestación se deben señalar que la misma se determina desde dos aspectos:
1.EXTERNA.
En todo este proceso de transformación que está experimentando la Administración, hay un punto de
partida por parte de los ciudadanos. Para éstos, el único factor valorable de la Admón es el servicio público
que presta y que ellos reciben. Su valoración desde los parámetros de la comprensibilidad o comodidad e
incluso desde los de la misma titularidad (pública y privada del servicio público), están evolucionando hacia
los de eficacia, comodidad, economicidad, etc.. y para ellos es así, porque pagan los servicios, porque a la
hora de su valoración tienen como punto de referencia otros servicios, que por otras organizaciones
privadas se les prestan y cuyas premisas de accesibilidad, coste, atención, etc, son similares a los de la
Admon. Este análisis comparativo, quizás involuntario, está demandado a la Admon una actitud competitiva
desde el momento en que cada mañana abre las oficinas a sus clientes.
Estamos ante unos ciudadanos que demandan de la Admon unos servicios públicos eficaces y bien
gestionados y que para su valoración, independientemente de la titularidad pública de los mismos, siempre
tiene como referencia los servicios que se les prestan por la gestión privada.
2.INTERNA.
Dentro los aspectos internos, son varios los elementos que podemos encontrar que viene a defender una
actitud competitiva por la Admon. En primer lugar, la existencia de una Admon encaminada en el marco de
una Organización Supranacional, la Comunidad Europea, que establece unos principios de movilidad que
van a provocar la exigencia de una homogeneización entre sus Administraciones por parte de los
ciudadanos en cuanto a los servicios públicos que actualmente vienen recibiendo por las Admones de sus
respectivos Estados. Así pues, va dirigida a una Admon que entra en relación con otras organizaciones de
similares objetivos para homogeneizar su gestión en un ámbito diferente en virtud de la normativa
comunitaria.
Pero, por otro lado, dentro del Plan de Modernización, el modelo funcional que se propone, aboga por un
sistema integrado de gestión por objetivos, mediante estrategias, programas, seguimientos, etc. Todo ello
puede favorecer la defensa de una competitividad administrativa entre las diferentes organizaciones que,
de este modo, tienen pautas medibles para significar sus avances o retrocesos en los objetivos fijados.
En base a estos planteamientos, podemos afirmar que la competitividad es hoy una exigencia. Que no
existe un servicio concebido monolíticamente, sino que el mismo está sometido a una serie de elementos
que continuamente lo valoran y comparan, lo que debe producir en la Admon una actitud competitiva para
alcanzar los niveles de satisfacción y opinión que modifiquen los juicios negativos que tradicionalmente los
ciudadanos le hacen a la Admon. 
TEMA II. CULTURA ORGANIZACIONAL.
2.1.EL PRINCIPIO DE EFICACIA.
Casi todas las actividades de de las empresas o administraciones privadas y de los ciudadanos están
condicionadas por el buen y correcto funcionamiento de las admones públicas. A los particulares ya no les
basta la existencia de servicios públicos, sino que piden y demandan la calidad y eficacia del servicio.
Por ello, no es de extrañar que la Sentencia del Tribunal Constitucional 178/1989, de 2 de noviembre (FJ 3)
declaró lo siguientes: “Si la Constitución Española proclama expresamente en su artículo 1.1 que España se
constituye en un Estado social y democrático de Derecho, una de sus consecuencias es, sin duda, la
plasmación real de sus valores en una organización que, legitimada democráticamente, asegure la eficacia
en la resolución de los conflictos sociales y la satisfacción de las necesidades de la colectividad, para lo que
debe garantizarse la existencia de unas Administraciones Públicas capaces de cumplir los valores y
principios consagrados constitucionalmente”.
La eficacia de la admon pública depende sí misma pero también de los demás Poderes Públicos:
1.En relación con el Poder Legislativo.
La eficacia de la admón depende de la eficacia de las Leyes. Pero, ¿qué se entiende por una Ley eficaz?
En una acepción estricta puede aceptarse que una Ley es ficaz cuando es obedecida o cumplida por sus
destinatarios. Para ello la Ley:
-
Deberá mejorar su calidad formal.
-
Deberá ser justa y proporcionada. 
-
No deberá ser arbitraria y capichosa.
-
Ejercicio de la retroalimentación de los resultados de su aplicación y vigencia práctica.
2.En relación con el Poder Judicial.
A nadie se le escapa que la incidencia del funcionamiento del Poder Judicial en la eficacia de las admones
públicas es alta y negativa, sobre todo por la insuficiencia de medios materiales y personales con que
cuenta este Poder Público. Por ello se intenta aumentar dicha eficacia mediante cambios en la distribución
de asuntos entre distintos tribunales, novedades en los trámites procesales o régimen de recursos o
soluciones extrajudiciales que eviten el proceso judicial. Para ello se regulan figuras jurídicas como la
conciliación, la mediación y el arbitraje (Defensor del Pueblo, el Consejo de Estado, …).
3.En relación con el Poder Ejecutivo.
En gran medida la causa fundamental de la ineficacia radica en la propia admón pública. La falta de
previsión o la ausencia de coordinación están en el origen de muchas manifestaciones de mal
funcionamiento de la admón. Existen múltiples técnicas jurídicas que pueden contribuir de forma capital a
potenciar el principio de eficacia:
-
La eficacia inmediata de los actos adtvos derivada de la presunción de su validez.
-
Evaluación de los estándares de ficacia exigibles a las admones públicas.
-
La vinculación de la responsabilidad de las autoridades y funcionarios con el logro de la eficacia.
-
La exigencia por parte del ciudadano de calidad en el servicio público recibido, en resumen.
4.Concepto de eficacia.
El concepto de eficacia se refiere a la habilidad de una organización para alcanzar los objetivos
relacionados con su misión, es decir, para cumplir con su mandato institucional (Osborne y Gaebler, 1994).
Ello se puede realizar a corto, medio o largo plazo o combinando de alguna forma las tres perspectivas,
pero siempre desde la conciencia de que la cooperación entre todos los implicados es la clave del éxito
(Barnard, 1968). La construcción de un propósito o propósitos comunes y la satisfacción de los mismos
constituye la clave del éxito a los efectos de este trabajo. La eficiencia, sin embargo, es un concepto que se
refiere a conseguir con el mínimo de recursos un determinado resultado o a conseguir el máximo de
productos con un nivel dado de recursos (Wilson, 1989). En suma, la eficiencia conecta recursos a
esfuerzos y la eficacia conecta productos a objetivos.
Para alcanzar dicha eficacia, actualmente se propone el cambio de gestión en la administración pública.
Pasar del modelo burocráctico de gestión propio y peculiar de la administración a uno nuevo, introduciendo
técnicas de gestión de la administración privada y de mercado.
Características del modelo burocrático. (Típico de Max Weber).
1.
Rige el principio de las atribuciones oficiales fijas, ordenadas por lo general, a través de reglas, leyes o
disposiciones del reglamento administrtivo.
2.
Rige el principio de la jerarquía funcional y de la tramitación, lo cual dificulta un sistema firmemente
organizado de mando y subordinación.
3.
Existencia de multitud de niveles jerárquicos en la organización.
4.
La administración moderna se basa en expedientes, especialización minuciosa, procedimentalismo.
5.
La actividad burocrática especializada implica un conciezudo aprendizaje profesional.
6.
El cargo de funcionario es perpetuo, en términos de una carrera, y constituye una profesión basada en
los principios de igualdad y mérito; es nombrado por una autoridad superior y percibe una remuneración
en términos de un estipendio fijo. Goza de la permanencia y garantía de por vida del puesto de trabajo
en la administración.
Características de la NUEVA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
Llegados a este punto debe hacerse mención a lo estudiado en el tema anterior y que, perfectamente,
detalla las características de la nueva administración pública que, por motivos obvios, se reproducen aquí
integramente. Todo ello deberá conllevar a la eficacia y sobre todo EFICIENCIA de la nueva administración.
No obstante, es preciso señalar, aunque sea a modo de resumen, que características deberán cumplir las
administraciones para un eficaz y sobre todo, eficiente, servicio público:
         1. Profesionalización de los empleados públicos, lo que supone una formación especifica a las
funciones de administración y de gestión que van a tener que desarrollar en la prestación del servicio y
atención al público.
         2. Descentralización, con el establecimiento de unas unidades administrativas que dispongan de un
cierto nivel de autonomía para su funcionamiento y organización interna, y que posteriormente son
evaluadas en función de los resultados. La descentralización ha producido unos nuevos centros de decisión
política y la aparición de niveles administrativos, con competencias específicas y capacidad de administrar y
de gestionar recursos.
         3. Disminución de reglamentaciones y normativas, dando una mayor capacidad de decisión a cada
unidad administrativa, en función de la problemática peculiar y concreta que tienen asignada, a fin de
aumentar la eficacia y la capacidad de resolución de problemas según las circunstancias en las que éstos
se presentan.
         4. Implantación de un sistema de responsabilidad, compartida en la consecución de los objetivos
previstos. Ello implica el establecimiento de unas nuevas formas de relación y de comunicación.
 
         5. En la década de los 80 se introducen medidas y estrategias de modernización, que suponen el paso
de una administración expansiva, propia del estado de bienestar, a una administración equilibrada.
La administración se presenta como la salvaguarda del interés colectivo y como defensora del interés
particular de los ciudadanos, lo que está conduciendo a un replanteamiento sobre la utilización de los
recursos humanos y económicos, que resultan limitados, ante una demanda de prestaciones cada vez
mayor y en proceso creciente. Ello obliga a un establecimiento de políticas racionales, ante las peticiones
ciudadanas, y de estructuras administrativas flexibles para incrementar la capacidad de respuesta a las
exigencias y demandas sociales.
          6. De una administración centralista a una administración relacional. Los procesos de
descentralización administrativa se han generalizado en muchos paises europeos con la finalidad de
conseguir unos mayores niveles de eficacia. La administración relacional exige un acercamiento a la
sociedad y a los agentes sociales, lo que repercute positivamente en los niveles de competitividad de las
organizaciones públicas.
          7. De una administración neutral a una administración competitiva y responsable. El objetivo de
cualquier administración debe ser el responder, en el momento adecuado, a las expectativas de los
ciudadanos, lo que requiere la existencia de unas estructuras y mecanismos de evaluación y control de la
propia actividad y de los resultados obtenidos.
TEMA III. GESTIÓN PÚBLICA Y GESTIÓN PRIVADA.
3.1.LO PÚBLICO Y LO PRIVADO.
Hoy en día parece imposible separar con claridad grandes bloques de actividades, unas sometidas al
Derecho Administrativo (Admón Pública) y otras al Derecho Privado (empresas).
Podríamos considerar en algunos casos, zonas de fricción entre ambos Derechos. Si consideramos el
Derecho Administrativo o de la Administración Pública como Derecho propio o estamental de unos sujetos
singulares, las Administraciones Públicas, habrá que convenir que tal Derecho (Administrativo) se aplica a la
admon siempre y por principio, salvo cuando actúe en su condición genérica de sujeto sometido a los
Derechos generales. Visto así, el problema no es determinar los límites positivos, sino los negativos, cuándo
y porque se aplican a la Admón los Derechos generales, cesando así la aplicación de su ordenamiento
estatutario específico.
Hay en efecto, Derechos generales que agotan las materias sobre las que recaen de forma que éstas sólo
son reguladas por ellos, p.e. el Derecho Procesal o el Derecho Penal.
Pero sin embargo, hay otras disciplinas jurídicas que regulan las mismas materias que las que son objeto
del Derecho Administrativo. Sucede con el Derecho Civil (el contrato, mandato, responsabilidad, propiedad,
etc…) y en concreto hay dos zonas polémicas en que se produce la fricción:
1.Derecho de la Organización.  
La Admón Pública utiliza en ocasiones formas organizativas que son propias del Derecho Privado, p.e., la
forma de sociedad mercantil, concretamente de sociedad anónima, para muchas empresas públicas (las del
antiguo Instituto Nacional de Industria, las del actual SEPI,..). Incluso en el campo de las relaciones
laborales, p.e., el contrato de trabajo (obreros y empleados) y no la relación de función pública a la hora de
configurar la relación de trabajo en alguno de sus servicios. Los mismos ocurre con las formas privadas de
contabilidad, para evitar los rigores de la contabilidad pública que dificultan gravemente la realización de
ciertas actividades.
¿Qué significan todos estos fenómenos?. Sencillamente, que las formas del Derecho Privado se han
objetivado y constituido en técnicas independientes que pueden utilizarse de una manera puramente
instrumental por los entes públicos, pero el núcleo sigue siendo de carácter público. Tanto es así que
siempre es preciso, para poder constituir las llamadas sociedades estatales como sociedades anónimas y
actúen en el tráfico de acuerdo con el Derecho Privado, que se tome previamente una decisión, un acto de
carácter público, administrativo (Un Decreto del Consejo de Ministros o de los órganos de gobierno
autonómicos o locales), al que se llega después de haber seguido un procedimiento también administrativo.
2.Derecho patrimonial.
En este campo, el planteamiento y la solución son semejantes. A la propiedad privada corresponde el
dominio público; a la contratación civil, una contratación administrativa, a la responsabilidad civil, una
responsabilidad administrativa, etc…
En resumen podemos determinar que, sin perjuicio de la existencia de este Derecho propio y específico, es
posible la utilización del Derecho privado por las Admones Públicas, en principio con carácter instrumental y
aun en las materias que aparentemente son sólo objeto del Derecho Privado, hay siempre un núcleo
insoslayable perteneciente al Derecho Público, perfectamente separable, en cuanto a su tratamiento, del
bloque negocial.
3.2.DIFERENCIA ENTRE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y EMPRESAS PRIVADAS.
Por principio, hay que recordar que la palabra Administración se aplicaba exclusivamente a la
administración pública, y que fue hasta la aparición de la obra de Henri Fayol, en la segunda década del
siglo XX, que tal vocablo se comenzó a aplicar a la administración de las empresas privadas. En los
Estados Unidos, por su parte, se empleaba el término "dirección" (Management) para referirse a ella.
Siendo palabras diversas, administración y dirección -o manejo-, tal como son utilizadas por los profesantes
de la administración privada, tienden a identificarse en el mismo punto. Ambas se refieren al trabajo de
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