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Derecho Procesal Civil



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Derecho Procesal Civil se ocupará de regular esas materias en su aspecto contencioso o
administrativos (como lo dice Arellano García) cuando requiera la intervención del juzgador, para
dirimir controversias o para satisfacer la exigencia de intervención administrativa del juzgador.
 
 
COMPETENCIA
Dentro del sistema federal adoptado por el Art. 40 de la Constitución ( es voluntad del pueblo
mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta de Estados
libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación
establecida según los principios de esta ley fundamental), el Art. 124 de la misma consigna como
regla fundamental para la distribución de competencias entre los poderes federales y locales, la de
que las facultades que no estén otorgadas por dicha Constitución a los órganos federales, se deben
considerar reservadas a los Estados. 
Como la ley Suprema no atribuye al congreso de la unión la facultad para legislar en materia
procesal civil, ha correspondido a los órganos legislativos de los estados y del Distrito Federal la
expedición tanto de los códigos procesales civiles como de las
leyes orgánicas de los tribunales
locales. 
Como consecuencia de esta distribución de competencias legislativas, existen en la República
Mexicana 33 códigos de procedimientos civiles: uno para cada uno de los estados 31 Estados, uno
para el distrito Federal y otro para la Federación, (aplicable, entre casos, a los juicios en que aquella
sea parte), igual número hay de leyes orgánicas de tribunales.
 
CAPITULO II.
FUENTES FORMALES DEL DERECHO PROCESAL CIVIL
En el derecho la palabra fuente tiene un sentido metafórico porque se habla de fuente en sentido
figurado, es decir, se le señala como el origen o forma de nacimiento de algo. El vocablo fuente no
es exclusivo de la investigación jurídica, sino que por el contrario, se habla de fuentes de
investigación en diversas disciplinas, por ejemplo, la fuente de investigación histórica.
En la teoría general de las normas jurídicas y en este sentido es que se habla de dos tipos de
fuentes: formales y materiales o históricas, las fuentes materiales o históricas implican que la
reflexión se enfoca hacia las causas de tipo histórico que ocasionaron el surgimiento de alguna
norma o institución jurídica; también el enfoque en este caso, es hacia los fenómenos sociológicos,
políticos y económicos que motivan el surgimiento de las normas e instituciones jurídicas. El mejor
ejemplo para hablar de fuentes históricas, en nuestro derecho, es el del surgimiento del derecho civil,
en cuanto nace por el derecho de las personas, junto con sus bienes. 
Por lo que se refiere a las fuentes formales del derecho la reflexión, por el contrario, se enfoca a la
creación jurídica de las normas, es decir, cuando se habla de fuente i instituciones jurídicas; el
análisis de la fuente formal prescinde de toda consideración de tipo económico, político o social y,
como su nombre lo indica, mediante él se realiza un estudio de las formas de creación de las normas
jurídicas, para averiguar cómo llegan éstas a ser formalmente válidas y vigentes.
Mientras que la fuente material indaga el contenido de la norma, es decir, lo que ésta ordena,
dispone o prohíbe, o sea, la conducta que la norma postula como debida por razones políticas,
económicas y sociales; por el contrario, la fuente formal solamente indaga acerca de la estructura de
la norma y sobre su procedimiento de creación para que ésta llegue a ser formalmente válida y
vigente. En rigor, las fuentes formales señalan los procedimientos o mecanismos de creación de las
normas jurídicas.
 
Dentro de las fuentes formales del derecho civil encontramos;
a).- TRATADOS INTERNACIONALES
b).- LA LEY
c).- LA COSTUMBRE
  
d).- LA JURISPRUDENCIA
e).- PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO
f).- LA DOCTRINA
 
A).- TRATADOS INTERNACIONALES.
La propia constitución de los Estados Unidos Mexicanos le da el carácter de importante fuente de
Derecho a los tratados internacionales, e incluso obliga a los jueces de cada Estado a sujetarse a
esos tratados por encima de lo que establezcan las constituciones y leyes locales, para tal efecto se
encuentra el Artículo 133 Constitucional.
A opinión propia esto quiere decir que un tratado internacional que estará aprobado por el senado
será fuente del derecho procesal, que por ejemplo tenemos:
Protocolo sobre Uniformalidad del régimen Legal de los Poderes.
Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.
Convenio sobre el reconocimiento y Ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras.
Pacto internacional de derechos civiles y políticos.
Convenio internacional de exhortos o cartas rogatorias
Protocolo adicional a la convención interamericana sobre receptación de pruebas en el
extranjero
 
B).- LEY.
Entre las disposiciones legales aplicables, a la materia procesal civil, tienen jerarquía mayor las
disposiciones constitucionales contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
 
A opinión personal los órganos jurisdiccionales están obligados a respetar las garantías individuales
de que gozan los gobernados, por ejemplo; 
Es deber de los padres preservar el derecho de los menores…Art. 4° Constitucional.
A ningunas persona se le podrá impedirse que se dedique a la profesión...Art. 5°
Constitucional.
A toda petición debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se le haya dirigido…
Art. 8° Constitucional.
En los juicios de orden civil , la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la
interpretación jurídica….Art. 14 Constitucional
 
El proceso de la misma, varía de país a país, sin embargo, en todo ellos, para que una norma
jurídica sea ley, necesita forzosamente seguir ciertos procedimientos. Entre nosotros, los pasos o
etapas que perfeccionan al acto legislativo son: la iniciativa, la discusión, la aprobación, la sanción, la
promulgación y la publicación; cuando se ha cumplido esta mecánica o secuencia de creación
legislativa se puede decir que la norma jurídica es formalmente válida.
 
C.- COSTUMBRE.
Prescindiendo de las definiciones tradicionales que de la misma se puedan darse, se trata de la
observancia espontánea, por un grupo social, de determinado tipo de conductas, porque el propio
grupo social las considera obligatorias. Requiere la repetición constante de dicha conductas y la
convicción dentro de la misma colectividad, de su obligatoriedad. 
En nuestro sistema jurídico, la costumbre es indudablemente fuente de derecho civil, pero de menor
jerarquía que la ley. La costumbre es una precaria fuente formal por diversos motivos :
Es imprecisa pues no estar registrada por escrito y no se sabe a ciencia cierta en qué consiste
detalladamente la práctica reinterada;
Como la costumbre está integrada por la práctica reinterada de una conducta requieren ser
probados los hechos integrantes de esa práctica y la reinteración de esos acontecimientos.
  
La costumbre requiere una determinación de sus contornos y de sus detalles y esto sólo se
puede hacer a través de una determinación judicial al concluir un juicio.
El elemento subjetivo de la costumbre, por pertenecer al fuero interno del sujeto es de difícil
probanza.
 
D).- JURISPRUDENCIA.
Es en términos generales, una reiteración de los criterios judiciales. Entiéndase por jurisprudencia,
no la ciencia del derecho, que es otra de las acepciones del vocablo, sino lo que en otros países se
conoce como precedentes judiciales. En nuestro sistema jurídico, las resoluciones de ciertos
tribunales, constituyen jurisprudencia, siempre y cuando el criterio sostenido se reitere en cinco
resoluciones, no interrumpidas por otra en contrario, y que además haya sido aprobada por ciertos
márgenes de mayoría de los tribunales de composición colegiados que crean la jurisprudencia. 
A nuestra opinión, el concepto de la jurisprudencia en el derecho mexicano, entendida ésta como
procedente judicial, lo da la propia ley.
 
E).- EN LOS PRICIPIOS GENERALES DEL DERECHO.
Se integra por aquellos postulados, producto de la reflexión lógico-jurídica, que orientan a la
realización de los valores jurídicos, principalmente de justicia, seguridad y bien común. Los principios
generales del Derecho son una especie del género “conceptos jurídicos fundamentales”, en virtud de
que su validez universal se preserva a través del tiempo y del espacio. Son útiles para crear las
normas jurídicas, para interpretarlas y para realizar labores de integración jurídica. La precariedad en
la regularización legislativa da lugar a la presencia de las llamadas “lagunas legales” y estás son
susceptibles de superarse a través de los principios generales de Derecho que desempeñan una
misión complementaria o integradora del derecho, para el logro de lo que se denomina el orden
hermético de lo jurídico.  
A nuestra opinión, esto último significa que en la ley hay lagunas, en el derecho no las hay.
 
F).- LA DOCTRINA.
Esta integrada por el conjunto de opiniones escritas vertidas por los especialistas
en la Ciencia del
derecho, al reflexionar sobre los problemas conexos con la validez formal, real o intrínseca de las
normas jurídicas. La validez formal de las normas jurídicas depende de la declaración de
obligatoriedad que de ellas hace el poder público en una época y lugar determinado. La validez real
se refiere al acatamiento efectivo o real de las normas jurídicas. Su acatamiento verdadero, en el
terreno de la realidad, del mundo fáctico. 
La validez intrínseca deriva de la comparación que se realice
entre lo establecido por la norma
jurídica desde el punto de vista de los valores jurídicos que pueden o no obtener. 
 
A opinión personal, entre más fuerza lógica lleven los argumentos de los doctrinarios o juristas,
mayor valor y prestigio tendrán las invocaciones que se hagan a su pensamiento para apoyar los
puntos de vista controvertidos que surjan en el proceso, la doctrina es instrumento de utilidad
innegable para obtener las tareas legislativas, jurisdiccionales y administrativas del Poder Legislativo,
del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo respectivamente, de la misma manera, apoya los puntos de
vista de los profesionales del derecho al patrocinar los asuntos que se encomiendan.
 
2.- PROBLEMÁTICA DE LAS FUENTES FORMALES PROCESALES
El problema de las fuentes formales de las normas procesales debe plantearse para determinar
cuáles son las normas de derecho procesal que rigen en un determinado país o en un determinado
momento. Para poder despejar debidamente el problema mencionado será necesario primero
preguntarnos cómo se identifica una norma procesal civil; en otras palabras ¿Cuándo identificamos a
una norma como procesal y cuando podemos darle ese calificativo?, es decir, no se presenta como
preliminar el problema de identificación de normas procesal. La naturaleza procesal de una
  
disposición o regla de derecho se desprende de la función que ésta llamada a cumplir, no del cuerpo
legal en que se encuentre. 
El lugar propio de estas reglas o disposiciones es, sin duda, el cuerpo legal procesal; pero la realidad
nos muestra disposiciones o reglas rigurosamente procesales contenidas en cuerpos legales de
derecho sustantivo o material.
 
La norma procesal se identifica, entonces, por la función que está llamada a cumplir, o sea, por su
objeto, el cual es el mismo que el objeto del proceso y, por consiguiente, podemos considerar como
normas procesales a todas aquellas relacionadas con el desarrollo del proceso, en otras palabras,
por las reglas referidas al desenvolvimiento de la acción, de la defensa o reacción, de la función
jurisdiccional misma, y de las conductas de los terceros ajenos a la relación sustancial, conductas o
actos todos éstos proyectados o destinados a la solución del litigio mediante la aplicación de una ley
general a un caso concreto convertido.
 
En nuestra opinión, la única fuente de creación de normas procesales civiles debe ser la ley, y
pretendemos fundamentar esta opinión en la circunstancias de que se trata de normas de derecho
público, o sea, que se refiere a la actuación de órganos de autoridad, a la actuación de los tribunales,
las demás fuentes formales tienen una menor jerarquías, en cuanto a la jurisprudencia, o bien a la
creación judicial de normas procesales, vemos en ella en peligro de que sean los propios órganos
judicionales los que estén creando las normas de su propia actuación, lo que no deja de ser
riesgoso. 
En todo caso, la jurisprudencia, la costumbre, serán más bien fuentes de creación de normas de
interpretación y aplicación respecto de otras normas procesales preexistentes, éstas sí de carácter
legislativo, en otros términos tratamos de dar a entender que las normas procesales civiles deben de
ser de carácter legislativo, en todo caso podrán admitirse la existencia de un cierto margen de
normas procesales que encuentren su origen en la jurisprudencia o en las otras fuentes formales de
creación jurídica, pero sólo como, repetimos, normas complementarias de interpretación o
adecuación de aquellas otras de carácter legislativo, y que deben ser las que dan la estructura
fundamental al proceso. Finalmente debe observarse que en todo caso, ni la jurisprudencia ni la
costumbre, doctrina, etc. pueden ir contra el texto de la ley. Respecto de la costumbre, nuestra
legislación expresamente establece que “contra la observancia de la ley no puede alegarse desuso,
costumbre o práctica en contrario”.
 
CAPITULO III.
CLASIFICACIÓN DEL PROCESO:
1.
CIVIL, MERCANTIL, FAMILIAR.
2.
ORAL Y ESCRITO.
3.
DISPOSITIVO, INQUISITIVO Y MIXTO
4.
CON UNIDAD DE VISTA, PRECLUSIVO.
5.
SINGULAR Y UNIVERSAL.
6.
UNIINSTANCIAL Y BIINSTANCIAL.
7.
CAUTELAR, DECLARATIVO, EJECUTIVO
 
A continuación mencionaremos sus características principales que los distinguen a cada uno de los
presentes procesos:
 
1.
CIVIL, MERCANTIL, FAMILIAR. (aquí sólo veremos por lo que respecta a lo civil que es lo
que nos interesa)
CIVIL.- Es el primer criterio clasificativo del proceso es un acierto haber establecido una referencia a
las tres materiales mencionadas, civil, mercantil y familiar. En el presente, los jueces del fuero común
tienen competencia para conocer de los asuntos mercantiles, sin embargo, existe una competencia
concurrente y los jueces del fuero federal pueden conocer de los negocios mercantiles,
  
indistintamente, a elección de la parte actora, por que la legislación mercantil es federal, lo que no
sucede con la materia civil que es de competencia local (que corresponde a la legislación de cada
entidad federativa). 
Así, una demanda mercantil, a elección de la parte demandante, se puede promover ante un juez
local o ante un juez federal.
 
2.
ORAL Y ESCRITO.
A).- ORAL.
La intervención de las partes, bajo el patrocinio de sus abogados respectivos, preferentemente es
verbal. La oralidad no es absoluta pues, habrá escrito de demanda y escrito de contestación, así
como documentos probatorios. También habrá consignación escrita de los datos fundamentales
durante el desarrollo de las audiencias.
Tendrá cabida el principio de concentración, que consiste en que se compacte el desarrollo del
proceso para que las pruebas y alegatos se desarrollen, de ser posible en una audiencia o en el
menor número posible de diligencias.
 
B).- PROCESO ESCRITO.
Podremos señalar algunos ejemplos como:
El juzgador se dirigen alas partes por escrito, el juzgado no conoce a las partes, únicamente
conocerá el contenido de los recursos que le han dirigido y sobre ellos ha dictado los
proveídos correspondientes.
Los interrogatorios deben ser presentados por escrito, con pliegos de preguntas también por
escrito; pliegos de posiciones por escrito y se levantan actas de audiencias en donde se
asientan literalmente las respuestas dadas.
El contacto directo es entre el secretario de acuerdos y las partes y no entre el juzgador y las
partes, el juzgador resolverá conforme a las constancias escritas en el proceso, sin que
haya
hueco alguno para registrar su criterio personal, pues no conoce a las partes como lo aviamos
señalado anteriormente, sólo conoce el expediente que se ha integrado.
El juzgador conocerá del expediente hasta el momento en que se cite para sentencia o
cuando sea necesario dictar una interlocutoria para fallar un incidente.
El la apreciación o valoración de las pruebas se aplicarán las reglas legales que sobre el
particular existan con vista a las constancias escritas que aparezca glosadas en autos.
 
3.
DISPOSITIVO, INQUISITIVO Y MIXTO
A).- DISPOSITIVO.
El impulso para que el proceso avance correspondiente a las partes sus características son como los
presentes ejemplos tales como;
La parte actora decide si ejercita o no el derecho de acción
Le corresponde al demandado decide si hace valer o no reconvención. No será obligatorio por
el juzgador a poner reconvención.
Las partes toman la decisión de aportar las pruebas que estimen pertinentes para demostrar
los hechos que han aducido dentro del juicio. El
juez se entiende a los elementos probatorios
que las partes han aportado.
 
B).- INQUISITIVO.
La actuación del juzgador es predominantemente oficiosa. No espera la instancia de la parte. De
propia iniciativa de comienzo al procedimiento y el impulso del proceso está sujeto a su actividad y
no a la actuación de las partes. Tal como nos dice el Art. 769 del Código de procedimientos Civiles
para el Distrito Federal, que a la letra dice: 
 
  
“Luego que el tribunal tenga conocimiento de la muerte de una persona, dictará con audiencia del
Ministerio Público, mientras no se presenten los interesados y sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 205 del Código Civil, las providencias necesarias para asegurar los bienes, y si el difunto no
era conocido o estaba de transeúnte en el lugar o si hay menores interesados o peligro de que se
oculten o dilapiden los bienes.”
El juez examinara de oficio, la personalidad de las partes
Es también de oficio que el juzgador ordene la forma de comportamiento de las partes.
 
C.- MIXTO.
Los jueces y tribunales pueden hacer las siguientes funciones que por ejemplo son las:
Aclaraciones a sus sentencias, de oficio o a instancia de parte dentro del día hábil siguiente al
de publicación de la sentencia. 
La caducidad de la instancia por inactividad de las partes pueden ser declaradas de oficio o a
petición de parte.
El juez puede invocar los hechos notorios aunque no haya sido alegados por las partes.
 
4.
CON UNIDAD DE VISTA Y PRECLUSIVO
Podemos decir lo siguiente, que el criterio clasificativo del proceso referente a “unidad de vista” y
“preclusivo” se refiere a la duración del proceso. 
A).- CON UNIDAD DE VISTA.- Podemos señalar como ejemplo lo siguiente:
El proceso con unidad de vista, se procura, en la medida de lo posible, que los actos
integrantes del proceso se realicen en una sola actuación procesal.
El proceso con unidad de vista extraña la mayor compactación posible de los actos procesales
a efecto de obtener la mayor celeridad en el fallo del asunto controvertido de que se trate.
En el proceso con unidad de vista se pretende satisfacer el principio de economía procesal en
lo que atañe a economía de tiempo, economía de energías y economía de costos, a demás
que también es un derecho constitucional
 
B).- PROCESO PRECLUSIVO, Citamos los siguientes ejemplos:
Prevalece un desenvolvimiento apegado a la normalidad, habrá la dilación que requiera cada
uno de los actos procesales.
Lo relevante es que se profundice en cada etapa procesal lo suficiente para que los derechos
de las partes estén debidamente garantizados.
Siempre habrá marcha hacía adelante, deberá avanzarse constantemente; supera una etapa
procesal lo suficiente, no se podrá retroceder. Si ya tuvo verificativo la etapa de conocimiento
de las pretensiones de las partes y ya se pasó a la fase probatoria, no podrá haber un nuevo
plantemianto de la litis.
En el proceso preclusivo opera el principio de preclusión, que significa la pérdida del derecho
que no se ejercitó en la oportunidad procesal oportuna.
 
5.
SINGULAR Y UNIVERSAL
Hay un criterio clasificativo
que atiende el número de procesos. Si hay desempeño de la función
jurisdiccional de proceso en proceso, cada uno es un proceso singular, pero cuando los procesos se
unen para ser resueltos conjuntamente se menciona la existencia de un proceso universal.
A).- PROCESO SINGULAR.- Tenemos a los siguientes:
El juzgador resuelve la controversia única que le ha sido planteada.
Hay individualidad en la solución del asunto controvertido que ha de dirimirse.
Pudiera haber acumulado de expedientes por razones de conexidad o de litispendencia.
 
B).- UNIVERSAL.- Cabe señalar los siguientes ejemplos:
  
Hay una pluralidad de procesos pero éstos se unifican para ser decididos por un solo
juzgador, en atención a un denominador común que los vincula, tal denominación común es el
patrimonio, se acumula todos los procesos en atención a que hay un solo patrimonio: el
patrimonio del autor de la herencia o el patrimonio del sujeto a concurso por insolvencia.
En el los casos de defunción de personas, es menester el tratamiento en proceso universal
para darle al patrimonio del finado la aplicación sucesoria que le corresponda con unidad de
tratamiento a acreedores, a deudores, a herederos.
En el juicio universal hay un solo patrimonio y varios procesos. El patrimonio es el elemento
unificador. Ese patrimonio corresponde a un difunto o a un deudor común.
 
6.
PROCESO UNIINSTANCIAL Y BIINSTANCIAL
A).- PROCESO UNIINSTANCIAL.
Como su nombre lo indica, es aquel que está formado por una sola instancia. Es decir, en un solo
grado, el juzgador que se ocupa del proceso conoce las pretensiones de las partes recibe las
pruebas que esas partes aportan, toman cuentan sus alegatos y dicta su sentencia definitiva, sin que
otro juzgador se vuelva a ocupar de desempeñar la función jurisdiccional respecto de ese asunto
controvertido.
 
B).- PROCESO BIINSTANCIAL.
Después del fallo dado en un primer conocimiento, en un segundo grado, se revisa, para confirmar,
modificar o revocar la sentencia definitiva de segunda instancia o alguna de las resoluciones
emitidas en el proceso durante la primera instancia.
Como resultado de la primera cito los siguientes ejemplos:
 
Se abrevia en el aspecto cronológico la duración de un proceso. Si el fallo se emite con
cuidado y el asunto ha sido tramitado y resuelto en conciencia carecerá de sentido volver
sobre lo satisfactoriamente.
El desgaste de esfuerzos menor y no hay desperdicio de recursos humanos y pecuniarios en
la apertura de un segundo o ulterior instancia.
 
Como ejemplos de la segunda podemos citar los siguientes:
Las partes tienen oportunidad, cuando así convengan a sus intereses, de hacer valer ante un
nuevo juzgador, los errores cometidos, sean puestos de buena o mala fe.
En ocasiones, cuando la segunda instancia se encomienda a un cuerpo colegiado de
magistrados, de mayor jerarquía que el juzgador unitario del primer conocimiento, las partes
tienen la esperanza, confirmada o no, de que haya una administración de justicia de mayor
capacidad y responsabilidad, con inclusión hasta de debate en el seno del tribunal superior.
 
7.
CAUTELAR, DECLARATIVO, EJECUTIVO
A).- PROCESO CAUTELAR.
El órgano jurisdiccional emite una resolución denominada “providencia precautoria”, para prevenir,
para precaver, para evitar un daño o peligro. En dichas resolución se toman medidas tendientes a
evitar un daño o peligro.
En dicho proceso se pretende garantizar la eficacia de la sentencia que se dicte en el juicio. El
proceso cautelar puede pretender el arraigo o el secuestro de bienes.
 
B).- PROCESO DECLARATIVO.
Se pretende una resolución del órgano jurisdiccional la existencia o inexistencia de derechos u
obligaciones. La manifestación que haga el órgano jurisdiccional, a través de la sentencia fortalece el
derecho  o la obligación, pues mediante la declaración judicial de su existencia se deja fuera de duda
la existencia o inexistencia de ese derecho u obligación.
  
 
C).- PROCESO EJECUTIVO.
Tiene como presupuesto una sentencia de condena, son sentencias de condena aquellas que
concluyen con la imposición a una de las partes de la obligación de dar cumplimiento a un deber de
hacer, de no hacer o de abstenerse, o bien, de tolerar. El juzgador no se concreta a declarar un
derecho o una obligación, ni a construir un nuevo status jurídico, sino que obliga a una conducta, a
un comportamiento, al que ha de ceñirse la persona física o moral condenada. 
La sentencia de condena puede imponer deberes al demandado, lo que es usual, pero también
puede establecer obligaciones de hacer para el actor, cuando se le condena a éste en costas o a
pretensiones que han sido reclamadas en una reconvención. Cuando se trata de sentencias, el
proceso ejecutivo tiene lugar ante una hipótesis de incumplimiento de una sentencia de condena.
Todos estos procesos son útiles, como los principios que los rigen, para la solución del litigio por
medio de un juzgador, que en este caso es parte del proceso toda vez que las partes de manera
voluntaria quieren n que intervenga el estado para solucionar sus diferencias de hechos y de
derechos.
 
2.- LA LEY PROCESAL EN EL ESPACIO
La ley es vigente cuando es obligatoria en una época y lugar determinados. El poder público es
quién tiene a su cargo determinar tal vigencia. La fijación de la vigencia de la ley puede ser
establecida en la propia ley o en una ley general que regula la vigencia para todas las leyes que no
prevengan una vigencia especial. Como la ley procesal es una especie del género “ley” está sujeta al
sistema de vigencia que se quiera adoptar
 
CAPITULO IV.
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL DERECHO PROCESAL EN MEXICO.
En este tema nos podemos extendernos bastante puesto que tendríamos que mencionar grandes
cosas históricas del derecho mexicano, pero en este tema veremos sólo un resumen de manera
genérica del derecho procesal y del como se llevó acabo, empezaremos con el;
A.-
DERECHO PRECORTESIANO, tal y como nos ilustra Carlos H. Alba con excelentes datos
complementarios.
los teuctli o jueces menores eran tantos, como barrios o calpulli había y cada uno limitaba su
actuación a su respectivo barrio. Dependían directamente del Tlacatécatl, eran electos por los
vecinos del barrio y duraban en su cargo un año. Conocían en primera instancia de los
negocios civiles y penales de poca importancia
que se suscitaran entre los pobladores del
barrio de su jurisdicción. Acudían diariamente ante su superior a dar cuanta de sus negocios y
a recibir órdenes.
 
Bajo las órdenes de los teuctli estaban los Tequitlatoque o notificadotes, encargados de hacer
las citaciones y los Topillo, que efectuaban los arrestos. Las sentencias de los jueces menores
podían ser apeladas ante el Teccalli o Teccalco, tribunal de primera instancia y que estaba
integrado por un cuerpo colegiado de tres miembros, de los cuales el
Tlacatécatl
era el
presidente.
 
El Teccalli o Teccalco tenían varios funcionarios subordinados: el Achcautli, especie de
alguacil mayor, encargado de hacer las citaciones y las aprehensiones; el Amatlacuilo
o
escribano, que se encargaba de llevar los productos escritos con jeroglíficos; el Tecpóyotl
o
pregonero, que dará a conocer las sentencias; y el Topillo o mensajero.
 
El Tlacxitlan era el tribunal Superior, que estaba sobre el tribunal de primera instancia. Estaba
constituido por un cuerpo colegiado de cuatro miembros, cuyo presidente era el Cihuacóatl o
juez mayor. Este tribunal conocía en segunda instancia de las apelaciones contra las
  
sentencias dictadas en los negocios del orden penal por el Tribunal de Primera Instancia y de
os negocios que se entable con motivo del límite de tierras. Las sentencias dictadas por este
Tribunal eran cosa juzga.
 
B.- EPOCA COLONIAL:
En la obra de Recopilación de Leyes de los Reinos de Indias y consta de nueve libros, para los
efectos de los antecedentes procesales, el libro más importante es el quinto, que trata: de la división
de las gobernaciones, de los gobernadores, alcaldes mayores, sus tenientes y alguaciles,
provinciales y alcaldes de hermandad, alcaldes y hermanos de la mesta, alguaciles de las ciudades,
escribanos, médicos y boticarios; competencia de las diversas autoridades, pleitos, sentencias,
recusaciones, apelaciones, primera y segunda suplicación, ejecuciones y residencias.
 
El consejo de Indias se ocupaba del procedimiento llamado juicio de residencia para exigir
responsabilidad a los funcionarios, conocía también de los juicios de residencia que se formaban
contra virreyes, oidores y altos funcionarios coloniales, los cuales siempre eran sometidos a ella y
altos funcionarios coloniales, los cuales siempre eran sometidos a ella al terminar el plazo se su
encargo.
Lamentablemente, la administración de justicia en la época colonial se deterioró en forma grave por
la llamada “venta de oficios”, sistema al que acudían la corona para remediar la
precariedad del
erario. El derecho a ser nombrado juez de la casa de contratación, a la muerta o remoción del actual
propietario era de seis mil pesos. La compra de los oficios públicos o empleos se explica por el
beneficio que producía el cobro de costas
u honorarios por cada diligencia en que intervenía el
funcionario y por las propinas, además del honor que era anexo al usufructo de dignidades. Existía el
recurso de fuerza que se hacían valer contra las autoridades civiles, quien creía tener derecho a que
conocieran del caso las eclesiásticas y viceversa.
También los escribanos daban cuenta al Consejo de los asuntos de la competencia de éste, en los
asuntos de justicia. Los escribanos, por ley, eran los encargados del ramo de justicia. Las funciones
judiciales de los alcaldes referían a la primera instancia en negocios de españoles, también conocían
de los españoles e indios. La audiencia dirimía las cuestiones de jurisdicción entre alcaldes.
Las apelaciones de las sentencias pronunciadas por los alcaldes
ordinarios eran de la competencia
de los alcaldes mayores, y, no habiéndolos, de la audiencia.
La primera audiencia se rigió por las ordenanzas de 20 de abril de 1528, todas las cartas,
provisiones y ejecutorias habían de darse con el título y sello del rey. Las apelaciones contra las
órdenes de los gobernadores, alcaldes mayores, o justicias de nueva España, habían de hacerse
ante la audiencia, instancia en cinco leguas a la redonda, de la ciudad de México.
Los abogados, procuradores, y relatores, antes de ejecutar su profesión, u oficio, debían de ser
examinados por la audiencia, la segunda audiencia y la cedula de 1530, las sentencias de negocios
de 1500 pesos o menos no eran apelables, sino sólo revisables por suplica y la sentencia se
ejecutaba sin ulterior en materia civil; la audiencia era cuerpo consultivo del gobierno, ya que estaba
fijaba por ley la obligación de los virreyes de consultar con ella los negocios arduos de gobierno. 
Habían otros tribunales como el Juzgado de bienes de difuntos que conocían de las herencias
cuando fuera público y notorio o constara por diligencias judiciales que los herederos estaban
ausentes, en provincias de Ultramar de España o de sus otros dominios. No tenían jurisdicción en
herencia de indios. El ayuntamiento ejercía jurisdicción en el ramo de policía que le era propio.
 
C.- EPOCA INDEPENDIENTE
El primer ordenamiento de procedimientos civiles fue la Ley de procedimientos de 4 de mayo de
1857, expedida por el Presidente Comonfort. A pesar de tener 181 artículos no es un verdadero
código. Tiene disposiciones propias de una ley orgánica de tribunales, normas de derecho procesal
civil y algunas disposiciones de la materia procesal penal, está fundamentada en el Derecho
Procesal español.
  
Se expidió el código de procedimientos civiles el 9 de diciembre de 1871, ordenamiento que ya
puede considerase como un código completo.
El 15 de mayo de 1884 se publicó un nuevo código que antecedió al vigente, para el distrito federal.
El Código civil de 1928 para el distrito federal, que encontró en vigor en 1932 aceleró la necesidad
de expedir el vigente código de Procedimientos civiles. En lo que atañe a la legislación federal,
estuvieron en vigor los códigos de 6 de octubre de 1897 y de 26 de diciembre de 1908. El 31 de
diciembre de 1942 se expidió el actual código federal de procedimientos civiles, que entró en vigor el
27 de marzo de 1943.
 
Por lo visto la aplicación del ahora derecho procesal civil es la recopilación de las diferentes leyes
existentes en la época precortesiana,
las cuales las considero completas, aun cuando existe
deficiencia en la aplicación del derecho, fueron en su totalidad una visión y distinción de los delitos y
el como llevarlos acabo ante los representantes de la administración de la justicia, considerando que
existían personas adecuados  para los puestos ya que como se vio anteriormente deberían de ser
personas cultas sin vicio alguno, sólo dedicadas a su trabajo respectivo, trasvolando lo pasado al
presente es casi igual ya que los verdaderos jueces, más aun los de distrito, ministros y magistrados
son personas dedicados al estudio y aplicación del derecho en esta cuestión. 
Y gracias a los hombres preocupados de alguna forma se interesaron por formas un código de
procedimientos civiles que es de gran importancia como antecedentes de los hoy 33 existentes, ya
que gracias a su estructuración y visión de las derecho civiles estamos hoy gozando de plenitud de
derecho civil.
 
 
De esta forma y después de ver las definiciones del derecho procesal civil, así como sus elementos
que lo conforman, su clasificación y su historia, procederemos con el siguiente apartado que es la
parte medular del presente trabajo, para entender la estructura, forma y del como de llevarlo acabo.
 
CAPITULO V.
LAS FASES PROCESALES
Dentro el ángulo de una perspectiva lógica, nosotros aludiremos a las siguientes fases que se
exponen de manera general:
FASE EXPOSITIVA, POSTULATORIA O DE PALTAMIENTO
FASE PROBATORIA.
FASE CONCLUSIVA O DE ALEGATOS
FASE RESOLUTIVA O DE SENTENCIA DEFINITIVA.
FASE DE EJECUTORIZACIÓN DE SENTENCIA
FASE DE RECURSO
FASE DE AMPARO
FASE DE CUMPLIMIENTO O DE EJECUCIÓN.
 
A continuación expresaremos de qué se trata cada una de estas fases:
A).- FASE EXPOSITIVA, POSTULATORIA O DE PALTAMIENTO.
1.
Las partes
invocan, respectivamente ante el juez, los hechos y las normas jurídicas que les
favorecen, esto se refiere a la demanda.
2.
Se pueden anticipar en la demanda el ofrecimiento de pruebas cuando el derecho vigente
ordena que se ofrezcan las pruebas o cuando se ordena que se exhiban los documentos en
que se apoyan las pretenciones. Estoas son los documentos y copias que deben llevar.
3.
Se incluye el auto inicial que recae a la demanda (auto de exhecuendo), el emplazamiento a
la parte demandada.
4.
La contestación de la demanda con oposición de excepciones.
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