La abolición mundial ahora.
Amnistía Internacional, junto con otras organizaciones que defienden la abolición, pide que en el año
2000 se ponga fin de forma permanente a todas las ejecuciones. Creemos que es un objetivo justificado
y alcanzable.
Nuestra confianza se basa en dos tendencias que se reflejan en este informe anual sobre los derechos
humanos en todo el mundo. La primera es el inexorable impulso hacia la abolición mundial de la pena de
muerte, reflejado en la petición de una suspensión de las ejecuciones por parte de la Comisión de
Derechos Humanos de la onu. La segunda es el creciente número de personas que están haciendo
campaña en todo el mundo en defensa de los derechos humanos.
Más de doce millones de personas de todo el mundo han prometido hacer cuanto esté en su mano para
defender los derechos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, entre ellos el
derecho a la vida, mostrando de forma abrumadora su apoyo a los derechos humanos fundamentales.
La campaña de Amnistía Internacional para conmemorar el cincuenta aniversario de la Declaración
Universal de Derechos Humanos ha obtenido el apoyo de ciudadanos corrientes de todas las regiones,
así como de muchas autoridades, funcionarios de policía y otras personas que ocupan cargos de poder.
Acabar con las ejecuciones es un objetivo esencial de la lucha por los derechos humanos, y puede
hacerse realidad. Todos los Estados tienen poder para no llevar a cabo ejecuciones. El argumento de
que la pena de muerte es necesaria para evitar que se cometan crímenes se ha visto desacreditado por
la falta de pruebas científicas que demuestren que esta pena tiene un efecto disuasorio más eficaz que
el de otros castigos. Además, la pena de muerte niega el objetivo, internacionalmente aceptado, de la
rehabilitación de los delincuentes. En resumen, no hay ninguna justificación criminológica de la pena de
muerte que tenga más peso que los motivos de derechos humanos que existen para abolirla.
Pedir la abolición de la pena de muerte puede exigir un gran coraje. Los políticos pueden recibir una
gran presión de sectores de la opinión pública que claman por que se tomen medidas para combatir la
delincuencia. Los activistas de derechos humanos pueden sufrir abusos por dar la impresión de que se
olvidan del sufrimiento de las víctimas del crimen. Pero merece la pena luchar por la abolición. La pena
de muerte no sólo viola derechos humanos fundamentales, sino que también transmite el mensaje oficial
de que matar es una respuesta apropiada para los que matan. Es embrutecedora, contribuye a
insensibilizar a los ciudadanos ante la violencia y puede engendrar una tolerancia cada vez mayor hacia
otros abusos contra los derechos humanos.
Se puede lograr que la opinión pública acepte la abolición. La forma en la que se comporta la gente
cambia con el tiempo, muchas veces tras largas batallas y encendidos debates. Las injusticias que eran
la norma en siglos anteriores están hoy fuera de la ley. Las injusticias que eran aceptadas a disgusto por
nuestros antepasados han sido combatidas por sus descendientes y superadas. Los museos exhiben
empulgueras y potros de tortura, guillotinas y garrotes, instrumentos de tortura y muerte que un día se
usaron habitualmente y hoy nos sirven de recordatorio de un pasado lejano y cruel. Nuestro objetivo es
relegar las sillas eléctricas, las sogas, las armas de los pelotones de fusilamiento y las inyecciones
letales a los museos, donde las futuras generaciones se preguntarán cómo es posible que una sociedad
aprobase alguna vez su uso.
No es una casualidad que en las dos últimas décadas hayan abolido la pena de muerte una media de
dos países al año. Este tipo de reformas se han producido porque defensores de los derechos humanos,
abogados, parlamentarios y una amplia variedad de activistas de base han trabajado para poner fin a las
ejecuciones. Antes o después los gobiernos del mundo aceptarán que ejecutar a la gente a sangre fría
viola los derechos humanos fundamentales y no sirve a ningún objetivo penal legítimo. Entonces, ¿por
qué esperar? ¿Qué mejor manera pueden tener los gobiernos del mundo de anunciar una nueva era
para la humanidad que abandonar la pena de muerte para siempre?
7. La lucha contra la pena de muerte.
Entre los que trabajan contra la pena de muerte se encuentran algunas de las personas a las que esta
pena supuestamente ayuda: víctimas de crímenes y familiares de víctimas de crímenes. Al hacerse cada
vez más evidente que la pena de muerte no tiene un efecto disuasorio superior al de otras formas de
castigo, los que propugnan su uso han empezado a afirmar que es necesaria para ayudar al proceso de
recuperación de las familias de las víctimas. Es cierto que algunos familiares de víctimas de asesinato
encuentran consuelo en este tipo de castigo. Pero muchos otros no. Algunos familiareshan afirmado que
la ejecución del asesino les hace más difícil aceptar la pérdida de su ser querido.
“Antes, mis puntos de vista sobre la pena de muerte y las ejecuciones eran exactamente los mismos que
los de cualquier filipino... [los criminales] merecen morir. Pero todas mis ideas sobre las ejecuciones
cambiaron cuando me dieron la oportunidad de asistir como observadora a un foro auspiciado por la
rama filipina de Journey of Hope”.
Estudiante del centro de estudios superiores, de Siena, Filipinas.
En Estados Unidos, por ejemplo, un número reducido pero creciente de familiares de víctimas de
asesinato se están manifestando en contra de la pena de muerte, diciendo que no ofrece ninguna
solución a sus tragedias personales. En 1998, una delegación del grupo estadounidense Journey of
Hope... From Violence to Healing (El camino de la esperanza: De la violencia a la curación) viajó a
Filipinas con el objetivo de sensibilizar a la opinión pública respecto a los argumentos contra la pena de
muerte en un momento en que el gobierno filipino estaba considerando poner fin a la suspensión de las
ejecuciones. El viaje lo organizó una coalición de organizaciones no gubernamentales, entre ellas el
Grupo de Asistencia Letrada Gratuita y la Sección Filipina de Amnistía Internacional.
La delegación visitó a presos condenados a muerte y a sus familias, concedió numerosas entrevistas a
los medios de comunicación, tomó parte en debates radiofónicos y televisivos en directo, se entrevistó
con autoridades religiosas y de otra índole y mantuvo acalorados debates con grupos anticrimen que
abogan por la pena de muerte.
Muchas personas que antes estaban a favor de la pena de muerte afirmaron que habían cambiado de
idea después de entrar en contacto con la delegación. Por desgracia, al final del año el gobierno anunció
que a principios de 1999 se reanudarían las ejecuciones en Filipinas. Había más de ochocientas
personas condenadas a muerte en el país.
Una delegación del grupo estadounidense Journey of Hope... From Violence to Healing, que visitó
Filipinas en 1998 para hacer campaña contra una propuesta de reanudación de las ejecuciones en el
país, consuela a la madre de Leo Echegaray, que estaba condenado a muerte. © AI
Innumerables defensores de los derechos humanos y otro tipo de activistas también hacen campaña
contra la pena capital promoviendo los argumentos en contra de este castigo y apelando en favor de
personas condenadas a muerte o que se encuentran en peligro de ejecución inminente, pidiendo el
indulto, la conmutación o un nuevo juicio. Todos los años esas apelaciones consiguen que se elimine
alguna amenaza de ejecución.
Sakae Menda, absuelto en 1983 tras pasar 34 años condenado a muerte en Japón. Desde su
absolución ha hecho campaña contra la pena de muerte. © Asahi Shimbun
Por ejemplo, se supo que en la India en 1998 las condenas de muerte impuestas a Gantela
Vijayavardhana Rao y Satuluri Chalapathi Rao habían sido conmutadas por otras de cadena perpetua
por el presidente indio. Amnistía Internacional se había unido a las organizaciones no gubernamentales
nacionales en sus llamamientos en favor de los dos hombres desde que fueron condenados a muerte en
septiembre de 1995 por un asesinato cometido en 1993. En Pakistán, a Roop Lal, que había estado
veinticinco años recluido en régimen de aislamiento en una celda de la Prisión Central de Sahiwal, le
conmutaron su condena de muerte por otra de cadena perpetua. En Bielorrusia la Corte Suprema falló a
favor de la apelación de F. Verega y conmutó la sentencia de muerte que le habían impuesto por
asesinato en junio de 1997 por otra de quince años de prisión. Se recibieron informes según los cuales
en los Emiratos Árabes Unidos el Tribunal Supremo de Dubai había devuelto los casos de Rabi'
Ghassan Taraf y Ryan Dominic Mahoney al tribunal de apelaciones para que celebrase un nuevo juicio.
Los dos hombres habían sido declarados culpables de cargos relacionados con las drogas y
condenados a muerte en noviembre de 1997.
Los esfuerzos de los activistas no sólo han salvado vidas. También han contribuido a suscitar en
muchos países un clima moral y político que ha tenido como resultado la abolición permanente de la
pena de muerte
La pena de muerte: una afrenta a la humanidad.
No puedo creer que para defender la vida y castigar al que mata, el Estado deba a su vez matar. La
pena de muerte es tan inhumana como el crimen que la motiva.
Eduardo Frei, presidente de Chile.
La vida de Saba Tekle terminó de una forma aterradora. Estaba en la puerta de su apartamento de
Virginia (Estados Unidos) cuando un joven al que no conocía, Dwayne Allen Wright, le ordenó a punta
de pistola que se quitara la ropa. Ella empezó a desnudarse y luego intentó huir. Momentos después
había muerto de un disparo en la espalda. Tenía 33 años, era de nacionalidad etíope y estaba
trabajando en Estados Unidos para ganar dinero y enviárselo a sus tres hijos, de 14, 12 y 5 años de
edad, que aún viven en Etiopía. Toda la familia, incluida su hermana, que oyó cómo la mataban, quedó
destrozada. Nueve años después, al asesino lo llevaron a una cámara de ejecución y le aplicaron una
inyección letal. Para los partidarios de la pena de muerte se había hecho justicia y la ejecución había
sido la conclusión apropiada de un brutal asesinato.
Charlie y Charles Williams protestan contra la pena de muerte en Houston, Estados Unidos, en 1998. ©
AI
Un análisis más pormenorizado del caso indica, no obstante, que la «conclusión apropiada», la
ejecución, fue en sí misma un brutal asesinato. Dwayne Wright creció en un ambiente de extrema
pobreza en un barrio marginal de Washington d.c. Desde el mismo día de su nacimiento estuvo rodeado
de violencia: delitos relacionados con las drogas, disparos, asesinatos. Cuando tenía cuatro años su
padre fue encarcelado y él se quedó solo con su madre, que padecía una enfermedad mental y solía
estar sin trabajo. Cuando tenía 10 años, su hermanastro, al que adoraba, fue asesinado. Después de
eso, Dwayne empezó a sufrir problemas emocionales graves. Iba mal en la escuela. Lo ingresaron en
centros de detención para menores y en un hospital, donde recibió tratamiento para una «depresión
grave con episodios psicóticos». Valoraron su capacidad mental como «en el límite de la deficiencia» y
su capacidad de expresión oral como «retrasada». Los médicos hallaron indicios de daño cerebral
orgánico.
Un mes después de cumplir los 17 años, inició una oleada de delitos violentos que duró dos días y
culminó en el asesinato de Saba Tekle. Lo detuvieron al día siguiente y confesó de inmediato. La
sociedad le había fallado a lo largo de su corta vida. Y esa misma sociedad lo condenó a muerte.
La «conclusión apropiada» de su crimen exigida por el Estado tuvo lugar en Virginia el 14 de octubre de
1998. En general, cuando alguien va a ser ejecutado mediante inyección letal en Estados Unidos sabe
que se acerca su momento final cuando los guardianes abren la celda en la que el condenado pasa la
noche antes de ser ejecutado. Se desnuda al preso. Se le coloca en el pecho un mecanismo de control
del corazón diseñado por los médicos para salvar vidas, no para destruirlas. Luego se le entrega una
ropa especial que debe ponerse antes de ser conducido a la cámara de ejecución, rodeado de
funcionarios y no de sus familiares o amigos, que deben permanecer bajo vigilancia en una habitación
aparte. Lo atan a una camilla por el pecho, las piernas y los brazos, para que no pueda moverse. Un
profesional de la salud oculto tras una pantalla verifica que el equipo de control del corazón funciona
debidamente. Se insertan una o dos vías en una vena. Normalmente, unos minutos antes de que el
veneno fluya, todo el mundo abandona la cámara y el preso se queda solo.
Un periodista relató lo que él y los familiares del condenado vieron desde la sala contigua cuando
Dwayne Wright fue ejecutado. La sonda intravenosa se movió un poco, indicando que la primera
jeringuilla había sido activada y había inyectado un producto químico que provoca la inconsciencia. Un
segundo movimiento del conducto indicó que había entrado un compuesto químico destinado a
interrumpir la respiración. «El pecho y el estómago subieron y bajaron violentamente una y otra vez.
Después cesaron las sacudidas. Por el conducto intravenoso cayó la dosis final que completaría el
preparado mortal, un compuesto químico destinado a detener el corazón.» Unos minutos después un
médico certificó la muerte de Dwayne.
Es difícil comprender de qué forma pudo ayudar esta «conclusión apropiada» a curar la desolación de la
familia de Saba Tekle. Lo que es indudable es que un verdadero interés por sus familiares debería
haberse concentrado en proporcionar apoyo material y moral para ayudarles a sobrellevar su trágica
pérdida.
La historia de Saba Tekle y Dwayne Wright muestra que matar es siempre un acto abominable. El
asesinato de Saba fue brutal, aterrador y destructivo para su familia. El asesinato de Dwayne a manos
del Estado fue brutal, aterrador y destructivo para la suya. Los dos tipos de homicidio tienen un efecto
embrutecedor sobre la sociedad. Los dos son condenables.
La pena de muerte no resuelve el problema del crimen.
Algunos gobiernos argumentan que la pena de muerte es necesaria en sociedades atemorizadas por los
delitos violentos. La pena máxima es necesaria, dicen, para disuadir a otros de cometer crímenes
similares, y para dar respuesta a los sentimientos de las víctimas del crimen y de sus familiares
imponiendo un castigo proporcional al delito cometido.
El director del Centro Penitenciario de Hattieville, Belice, muestra cómo se usará la soga © Saul
Lehrreund
Esos gobiernos están simplemente eludiendo sus responsabilidades. Deben concentrarse en erradicar
el crimen mejorando el trabajo de los agentes de la ley y abordando sus causas. La rápida «solución»
definitiva de la pena de muerte no contribuye más que otros castigos a disuadir de cometer crímenes.
En cambio, contribuye a incrementar el clima de violencia. Los gobiernos podrían ofrecer a las víctimas
del crimen y a sus familias apoyo económico y de otro tipo para que puedan rehacer sus vidas
destrozadas. En lugar de ello, algunos ceden a la presión popular y se centran en el castigo, creando un
clima de venganza y brutalidad. Los gobiernos podrían introducir reformas para erradicar la pobreza, la
marginación y la desesperación. En lugar de ello algunos se apoyan en sistemas judiciales plagados de
deficiencias para remediar las consecuencias de la desesperación de la única forma que pueden
hacerlo: imponiendo castigos durísimos.
La reciente experiencia de Kenia ha demostrado que la pena de muerte no contribuye a disuadir de
cometer crímenes y que puede usarse para ocultar la renuencia del gobierno a atajar la corrupción y la
pobreza. El parlamentario Kiraitu Murungi afirmó en 1994, durante un debate sobre la pena de muerte:
«Tenemos más robos con violencia en los años noventa que en 1975, cuando introdujimos la pena de
muerte para este tipo de delito. Si la pena de muerte ha tenido algún efecto, ha sido en todo caso el de
incrementar el número de robos violentos». En 1998 el número de personas condenadas a muerte por
diversos delitos por el sistema judicial keniano, tristemente famoso por su corrupción generalizada,
superaba las 1.400. En Kenia muchas personas, entre ellas Peter Kimanthi, portavoz de la policía, han
admitido que la pobreza y el desempleo propician el crimen. Y sin embargo, en lugar de atajar los
problemas existentes en la policía y en el sistema judicial o de abordar las carencias sociales, las
autoridades kenianas siguen confiando en las condenas de muerte obligatorias para castigar los delitos
graves, incluido el robo, impuestas en muchos casos tras juicios claramente injustos.
“Todas las personas deben tener derecho a la vida. Si no es asi, el asesino adquiere involuntariamente
una definitiva y perversa victoria moral al convertir al Estado también en asesino, reduciendo de esa
manera el aborrecimiento de la sociedad hacia la extinción deliberada de otros seres humanos”.
Juez Sachs, Tribunal Constitucional Sudafricano, 1.995.
La sociedad no debe tolerar el homicidio premeditado de personas indefensas, independientemente de
lo que estas personas hayan hecho. Si lo tolera nos condenan a todos a vivir en un mundo en el que la
brutalidad está oficialmente permitida, en el que los asesinos determinan el tono moral y en el que las
autoridades tienen permiso para fusilar, ahorcar, envenenar o electrocutar a mujeres y hombres a
sangre fría.
8. La crueldad de las ejecuciones.
La pena de muerte no es un concepto abstracto. Significa causar traumas y lesiones tan graves a un
cuerpo humano que hacen que la vida se extinga. Significa dominar instintos humanos básicos como la
voluntad de sobrevivir y el deseo de ayudar a otros seres humanos que están sufriendo. Es un acto
repulsivo que a nadie se debe pedir que ejecute o presencie y que nadie debe tener el poder de
autorizar.
Todos los métodos de ejecución son espantosos y todos pueden fallar. La idea de que la inyección letal
es una forma «humana» de matar es sencillamente absurda. El condenado también tiene que sufrir el
terror de esperar el momento de su muerte, establecido de antemano, y el método de matar no es
siempre el proceso clínico e indoloro que reivindican sus defensores. Muchas de esas ejecuciones han
acabado en muertes prolongadas, como la primera ejecución por inyección letal llevada a cabo en
Guatemala, en febrero de 1998. Manuel Martínez Coronado, campesino de ascendencia indígena
empobrecido, tardó dieciocho minutos en morir, a pesar de que las autoridades habían asegurado que la
ejecución sería indolora y habría acabado en treinta segundos. Nada más empezar la ejecución se
produjo un corte de electricidad, a consecuencia del cual la máquina de la inyección letal se detuvo y los
compuestos químicos dejaron de fluir. Los testigos que se encontraban en la sala de observación
informaron también de que los funcionarios encargados de llevar a cabo la ejecución tuvieron
dificultades para encontrar una vena en la que insertar la aguja. El procurador de Derechos Humanos
Julio Arango afirmó: «Creo que todos tenemos la obligación de decir lo que pasó: le sangraban los
brazos por todos lados». La ejecución se retransmitió en directo: la audiencia pudo oír a la madre y a los
tres hijos de Manuel Martínez Coronado sollozando en la sala de observación mientras tenía lugar la
ejecución.
Esta ejecución fue un intento de las autoridades de «humanizar» el método de provocar la muerte. Las
ejecuciones anteriores, las primeras que se realizaban en Guatemala desde hacía trece años, se
llevaron a cabo en 1996 ante un pelotón de fusilamiento. A uno de los condenados no lo mató la primera
descarga. Puede que incluso oyese la orden de que se le disparase un tiro a la cabeza para matarlo. La
indignación de la opinión pública dentro y fuera de Guatemala obligó a las autoridades a dejar de usar
los pelotones de fusilamiento. Una respuesta más adecuada habría sido acabar completamente con el
uso de la pena capital.
En Estados Unidos, varios estados usan aún la silla eléctrica. Una de las ejecuciones más recientes con
ese método tuvo lugar en Florida en 1997. Pedro Medino, refugiado cubano con un historial de
enfermedad mental, fue atado a una silla construida en 1924. La silla no funcionó bien, la máscara de
cuero negro que protegía el rostro aterrorizado de Pedro se incendió y la cámara de ejecución se llenó
de un denso humo negro. La corriente eléctrica se mantuvo hasta que murió.
En Afganistán, en 1998, al menos a cinco hombres, declarados culpables de sodomía por los tribunales
de la ley islámica (Sharía), los colocaron delante de unos muros; después derrumbaron los muros y los
hombres quedaron enterrados entre los escombros. Dos de ellos no murieron hasta el día siguiente, en
el hospital. Un tercero sobrevivió. En ese mismo país se pueden llevar a cabo ejecuciones lapidando al
condenado, colgándolo de una grúa o degollándolo.
Éstos son ejemplos especialmente inquietantes de ejecuciones. Pero el hecho es que una vez que los
Estados creen tener derecho a ejecutar a los presos acaban por adoptar prácticas que son semejantes a
torturas, independientemente del método que elijan.
La tortura es un acto condenado e ilegalizado en todos los países del mundo, incluidos los que abogan
por la pena de muerte. Sin embargo, una ejecución es una agresión extrema, intencionada, física y
mental contra una persona que está indefensa en manos del Estado, los elementos esenciales de la
tortura. Si colgar a alguien de los brazos o las piernas hasta que grita de dolor se condena porque se
considera tortura, ¿cómo calificaríamos el colgar a alguien por el cuello hasta que muere? Si aplicar 100
voltios de electricidad a partes sensibles del cuerpo con el fin de extraer una confesión se considera
tortura, ¿cómo describiríamos la administración de 2.000 voltios para causar la muerte? Si llevar a cabo
simulacros de ejecución se considera tortura, ¿como calificaríamos la angustia que siente una persona
que tiene por delante años para pensar en su ejecución por inyección letal a manos del Estado?
Silas Munyagishali era uno de los integrantes del grupo formado por 21 hombres y una mujer ejecutados
públicamente en Ruanda por un pelotón de fusilamiento en abril. Fue condenado a muerte tras un juicio
injusto en el que fueron amenazados varios testigos de la defensa. Su detención posiblemente tuvo una
motivación política. © Peter Andrews/Reuters
La realidad es que la existencia de un proceso legal que permite esa crueldad no la hace menos
dolorosa. El hecho de que la pena de muerte se imponga en nombre de la justicia no mitiga el
sufrimiento ni la humillación.
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