Esta valoración puede variar según el tipo penal que se esté considerando (no es lo mismo el
grado de comprensión para un complejo delito económico que para un asesinato) y según el
tipo de enfermedad mental e intensidad de la misma que aqueja al autor. Necesariamente
tiene que hacerse caso por caso y de acuerdo con las pericias forenses disponibles sobre este
particular, tomando en cuenta que lo decisivo no consiste en establecer si el autor, al
momento del hecho, padecía o no una enfermedad mental, sino el esfuerzo que realizó, por
esta razón, para comprender la contrariedad a derecho de su conducta o para comportarse
de acuerdo a esta comprensión.
Idéntica valoración cuando estamos en presencia de un estado de necesidad disculpante o
exculpante, siempre que el bien que se salva no sea desproporcionadamente de menor valor
con relación al bien que se lesiona, y con el añadido de lo explicado para el estado de
necesidad justificante en cuanto a la existencia de los elementos objetivos, reconocimiento
de los mismos y finalidad de actuar en consecuencia con ellos. Lo propio con el error de
prohibición, en la medida que sea invencible para que excluya la culpabilidad; caso contrario,
solamente tendrá el efecto de disminuirla pero no de anularla, con el consiguiente reflejo en
la medición de la pena.
Por último, una vez afirmada la existencia de un delito, por la presencia de una conducta
típica, antijurídica y culpable, todo lo referente a las condiciones legales para la efectiva
imposición de una pena, a los tipos o clases de penas y a los criterios para su medición,
tratándose de penas flexibles, corresponde al estudio de la teoría de la coerción penal y no a
la teoría del delito.
